movilízanse os veciños para evitar a demolición das torres "Ifer". (ver vínculo)
La Voz-06/01/2007
miércoles, 6 de febrero de 2008
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Manifiesto
Desde hace 10 años el promotor gallego Otero Pombo desarrolla un proyecto del arquitecto Víctor López Cotelo para la rehabilitación del complejo industrial de la antigua fábrica de curtidos del “Puente Sarela” en Santiago de Compostela para una instalación hotelera.
Dicho proyecto obtuvo en su día la licencia municipal de obras del Ayuntamiento de Santiago de Compostela así como la autorización y elogio de la comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura y la aprobación de la Consejería de Política Territorial Obras Públicas e Transportes de la Xunta de Galicia.
Recientemente una insólita decisión judicial de la última instancia de la justicia gallega ordena, contra el criterio de todas las instituciones antes mencionadas y del propio perito judicial, la demolición de todo lo nuevo edificado basándose en una interpretación absolutamente reductora de la normativa urbanística.
Dicha normativa autoriza a incrementar la superficie existente en un 20%. Lo novedoso e insólito de la decisión del juez contra todas las decisiones anteriores es que dicho 20% sólo se puede construir adosado a la edificación existente, y por ello ordena el derribo de lo ejecutado que amplía la instalación industrial con nuevos cuerpos edificados que se integran en el terreno separadamente, siguiendo la estructura de la antigua fábrica que constaba de edificaciones separadas.
Para completar el marco en el que se extiende esa orden de demolición hay que añadir que los edificios que ocupan las siete parcelas contiguas a este complejo industrial son todas ilegales siendo la intervención sancionada la única que cuenta con todas las autorizaciones exigidas y además que la actual normativa urbanística en vigor autoriza un 50% de nueva edificación frente al 20% del la antigua normativa.
Ante estos insólitos hechos creemos necesaria una clara respuesta de los arquitectos exigiendo respeto a su disciplina para que la arquitectura pueda desarrollarse como parte esencial de la cultura y del progreso.
Puedes sumarte a este manifiesto enviando una carta de apoyo, tu comentario o, simplemente, tu firma.
Dicho proyecto obtuvo en su día la licencia municipal de obras del Ayuntamiento de Santiago de Compostela así como la autorización y elogio de la comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura y la aprobación de la Consejería de Política Territorial Obras Públicas e Transportes de la Xunta de Galicia.
Recientemente una insólita decisión judicial de la última instancia de la justicia gallega ordena, contra el criterio de todas las instituciones antes mencionadas y del propio perito judicial, la demolición de todo lo nuevo edificado basándose en una interpretación absolutamente reductora de la normativa urbanística.
Dicha normativa autoriza a incrementar la superficie existente en un 20%. Lo novedoso e insólito de la decisión del juez contra todas las decisiones anteriores es que dicho 20% sólo se puede construir adosado a la edificación existente, y por ello ordena el derribo de lo ejecutado que amplía la instalación industrial con nuevos cuerpos edificados que se integran en el terreno separadamente, siguiendo la estructura de la antigua fábrica que constaba de edificaciones separadas.
Para completar el marco en el que se extiende esa orden de demolición hay que añadir que los edificios que ocupan las siete parcelas contiguas a este complejo industrial son todas ilegales siendo la intervención sancionada la única que cuenta con todas las autorizaciones exigidas y además que la actual normativa urbanística en vigor autoriza un 50% de nueva edificación frente al 20% del la antigua normativa.
Ante estos insólitos hechos creemos necesaria una clara respuesta de los arquitectos exigiendo respeto a su disciplina para que la arquitectura pueda desarrollarse como parte esencial de la cultura y del progreso.
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3 comentarios:
No me gustaría comparar estas aberraciones con Ponte Sarela; ponerlos en paralelo es como pedir el indulto aceptando la culpabilidad. En los casos de Ourense y Vigo se usó deliberadamente la política de hechos consumados, sabiendo que una vez ocupadas las viviendas la demolición sería improbable.
El caso de Ponte Sarela no es tan dramático, ya que nadie se va a quedar sin techo (bueno, si: Otero Pombo, pero imagino que tendrá más alternativas de alojamiento). Pienso que el problema es más cultural que económico, ya que desandaría un camino que está costando muchísimo abrir.
Si se usa alguna figura jurídica o tecnicismo para eludir la sentencia, creo que socialmente se interpretaría de forma negativa. Aunque en realidad esto mismo fue lo que hizo el juez para dictarla (eso sí; es el único que tiene potestad para hacerlo); interpretar la ley de forma muy personal, en contra de la opinión de los expertos sobre el tema.
Para la convivencia, se aceptan unas normas de juego (leyes), y se les concede confianza ciega a los jueces, siendo sus decisiones incuestionables. Son los “justos”. Hay un acuerdo tácito según el cual los magistrados son considerados divinidades infalibles, libres de error (como lo eran antes médicos o sacerdotes). Necesitamos ese tipo de figuras para sentirnos protegidos. Pero son seres humanos, aunque finjamos que no para marcar un límite al libre albedrío. Son las convenciones que hacen posible la democracia.
Por lo tanto, pienso que es más importante crear debate para generar conciencia que evitar la propia demolición. Y si finalmente se ha de ejecutar la sentencia, que se haga, pero dejando claro que es injusta, errónea, parcial y contraproducente para todos. Los colectivos profesionales, instituciones relacionadas y otras voces autorizadas han de cumplir su papel, reivindicando su peso en el debate paisajístico y patrimonial (Colegios de arquitectos, Escuelas de Arquitectura, Consorcio, Consellerías de Política Territorial, Medio Ambiente, Vivenda e Solo, Cultura, etc.). En caso contrario, será difícil educar sensibilidades y concienciar a la sociedad. Lo harán otros a su manera.
Cándido:
no los quiero comparar como obras de arquitectura pero sí hay una implicación de los ciudadanos que aquí, en Santiago, no veo... ¿es que no es artículo de primera necesidad el conjunto de Ponte Sarela?
Realmente me gustaría abrir un debate sobre la (in)capacidad de comunicación que tiene la arquitectura actual, la arquitectura de verdad, quiero decir, no la de las "estrellas".
El conjunto de Cotelo es legal (ahora ya no), respetuoso, culto, de calidad y un ejemplo de buen hacer en todos los sentidos, que aquí no defiende prácticamente nadie, mientras que en otros lugares, cosas que pueden no merecer el nombre de arquitectura se ven apoyadas por ciudadanos o instituciones. Solo muestro mi perplejidad.
Gracias por tus opiniones.
Salud
Idoia
Quizás en los casos que Ourense y Vigo la ciudadanía se implica porque se ve identificada con el problema, y piensan que podría ocurrirle lo mismo a ellos. La calidad o idoneidad arquitectónica de esos edificios se ve eclipsada por una de las peores angustias creadas en esta sociedad: quedarse sin casa. Me temo que, efectivamente, Ponte Sarela no se considera como algo de primera necesidad; hoy día existe una gran desconfianza (ganada a pulso) hacia todo nuevo equipamiento cultural.
Y si nos referimos a la necesidad de preservar Ponte Sarela como ejemplo paradigmático a seguir, pienso que es ahí donde habría que incidir en el debate. Tiene que quedar claro que se trata de una respuesta de alta calidad (si no, con la confusión reinante se podría llegar a considerar una aberración, y que la saquesen en la repugnante sección de "feísmos" de La Voz...), y que además se atiene a la ley, al contrario de lo entendido por el TSX.
Galicia fue un país que transformó su territorio de modo extensivo durante siglos, con gran sensibilidad, al amparo de la miseria, la solidaridad vecinal y las agrias disputas territoriales. Hoy día sólo queda la última, agravada por el pecado capital que nos caracteriza: la envidia. Y así nos va.
Gracias a vosotros, y un saludo.
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